Abstract
The essay aims to analyze the vulnerability of human rights to natural disasters in Peru. By its nature, the techniques of the office were used and the deductive method was used for the analysis. The results reveal the violation and protection of rights, as well as the appropriate actions to prevent certain risks before, during and after emergencies due to the indifference of the authorities and the passivity and irresponsibility of the community. It is concluded that the vulnerability of Human Rights to disasters is the total suppression of economic, social and gender inequalities that already exist in society before the natural event and consequently the mitigation of the deepening of these problems after the event. natural event.
Abstract
A natural disaster has an excessive and disproportionate impact on a society since people in a context of poverty and living in inadequate geographical location experience the effects of disasters to a greater extent, revealing social differences and further deepening the prevalence of vulnerability before a natural disaster or event occurs. In this regard, this essay aimed to analyze the vulnerability of human rights to natural disasters that frequently happen in Peru. For collecting information, the documentary research technique was used and the deductive method was used for the analysis. The results showed that the vulnerability of human rights, as well as the omission of public actions and policies to prevent certain risks before, during, and after emergencies, is due to the indifference of the authorities and the passivity and irresponsibility of the community. This research’s concluded that the vulnerability to catastrophes or natural disasters is the total removal of the economic, social and gender inequalities that already exist in a society before the disaster occurs and consequently the mitigation of the deepening of these problems after the natural event.
Keywords: vulnerability of human rights, natural disasters, public policies.
Introducción
Geográficamente el Perú se ubica en una zona de alta actividad sismológica, que lo hace vulnerable a fenómenos naturales. Sin embargo, un desastre natural genera impactos desproporcionados y progresivos en la sociedad, ya que las personas en contextos de pobreza y ubicación territorial inadecuada, experimentan los efectos en mayor medida, revelando diferencias sociales y profundizando la discriminación que impera antes de que ocurra un desastre.
Cabe señalar que las consecuencias de un desastre natural están vinculadas a vulneraciones de derechos humanos. En este sentido, la deforestación, la corrupción, la fragilidad de los edificios, el ataque al bienestar común y la paz sostenible, el acceso desigual a la asistencia humanitaria, la ruptura del estado de derecho, la contaminación ambiental, las invasiones, los asentamientos ilegales, la ausencia de una cultura de prevención, la falta de planificación urbana y la falta de conciencia solidaria, se convierten en los principales factores de incidencia de riesgo.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) señala que entre los años 1980 y 2000, aproximadamente el 75% de la población mundial estuvo expuesta a fenómenos naturales como sequias, terremotos, inundaciones, ciclones, generando crisis y afectando el desarrollo de los pueblos (PNUD, 2004). Además, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), indica que en los últimos 20 años cerca de 1, 35 millones de seres humanos fallecieron víctimas de desastres naturales, que ocasionaron los tsunamis, terremotos y fenómenos climáticos (ONU, 2016).
Cabe señalar que el Perú se encuentra ubicado en el Cinturón de Fuego del Océano Pacífico, concentra el 85% de toda la actividad sísmica en el mundo y es propenso a la presencia de un conjunto de fenómenos naturales, que de una forma u otra afectarán a la población.
Según el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), la presencia de desastres naturales o fenómenos como huaicos, inundaciones, terremotos y clima frío creció de tal manera que afectó a muchas regiones, lo más alarmante fue la presencia de huaicos, que de 93 emergencias ocurridas en el 2015 pasaron a 557 en el 2017 como consecuencia del niño costero que afectó la vida, salud, hogares, áreas agrícolas y dejó un total de 1, 782,316 personas afectadas, casos de desaparecidos y fallecidos. Siendo las regiones de La Libertad, Piura, Lambayeque, Ancash, Loreto, Ica, Tumbes y Lima las más afectadas (INDECI, 2017).
Por ello, es necesario que las autoridades realicen un juicio continuo con la ciudadanía para estimar las formas de defensa de los derechos de la persona respetando a los demás, así como al espacio natural y asumir la responsabilidad de aquellos actos que generen vulnerabilidad, desigualdad y desastres en el Perú. Ante esto, surgen varias preguntas para su respectivo análisis y reflexión, ¿de qué manera debemos enfrentar la vulneración de los Derechos de las personas en situaciones de desastre? ¿Cuál es la relación entre democracia, paz sostenible y derechos humanos en situaciones de desastre? Y finalmente, se cuestiona: ¿los desastres naturales vulneran los Derechos Humanos o no?
El objetivo principal de este ensayo es analizar la vulnerabilidad de los derechos humanos ante los desastres naturales en el Perú. Para ello, se establecen los siguientes objetivos específicos: identificar la sociedad vulnerable explicando el impacto de los desastres naturales en la sociedad; analizar la responsabilidad, la gestión de las políticas públicas ante los desastres en el Perú y finalmente formular propuestas para combatir los desafíos de una sociedad vulnerable a los desastres naturales.
Para dar respuesta a los objetivos y preguntas planteadas, el ensayo se organiza en: Introducción, en la que se abordan el problema, los objetivos y la justificación; cuerpo o desarrollo, en este apartado se argumenta la tesis de que los desastres naturales vulneran los derechos humanos y se aborda las políticas públicas ante los desastres, propuestas para abordar los desafíos de los Derechos Humanos y finalmente las conclusiones que surgen del análisis y tesis defendida. Por la naturaleza del ensayo se ha utilizado el método deductivo y la técnica de análisis documental.
Las razones que generan este ensayo son sociales, legales y metodológicas. Social porque se vincula a una problemática asociada a la vulneración de los derechos inherentes al ser humano en situaciones de desastre, particularmente en el sector de pobreza extrema como los habitantes de zonas alto andinas, caseríos, asentamientos humanos e invasiones, que, debido al abandono, la indiferencia y la pasividad de las autoridades, están expuestos a múltiples peligros y daños que atentan contra la dignidad humana e incluso la vida. Legal, porque los cargos están amparados por la norma jurídica fundamental como la Constitución de 1993, la Declaración Universal de 1948, las políticas de Estado del Perú. Y Metodológica, porque el trabajo ha sido elaborado considerando la estructura formal del ensayo en el género argumentativo, siguiendo las reglas que se solicitan en la redacción.
Vulnerabilidad de los derechos humanos
Para defender la tesis, que los desastres naturales vulneran los derechos humanos, se abordarán aspectos relacionados con la sociedad vulnerable, los desastres naturales y su vulnerabilidad, luego se presentará un análisis de las políticas públicas y propuestas para tratar los desafíos de los derechos humanos.
Sociedad vulnerable y desastres naturales
En el Perú hay aproximadamente 33 millones de habitantes, lo que se traduce en un crecimiento exponencial en los últimos años. La pobreza, la migración y la informalidad han provocado que muchos pobladores vean como alternativa en áreas inadecuadas, espacios para ser habitados como las laderas de cerros, márgenes de ríos, arenales públicos, lugares propensos a fuertes deslizamientos de tierra, terrenos con frágil compactación, han sido invadidos y sin un estudio técnico y uso de material de construcción adecuado han diseñado viviendas en condiciones precarias.
En regiones como San Martín, Lima, Piura y Lambayeque, algunos pobladores se han inclinado a vivir cerca de los caudalosos ríos y en zonas alto andinas los pobres han ubicado sus viviendas en pendientes pronunciadas con riesgo de colapso, convirtiéndose en el sector más vulnerable al sufrimiento de algún evento o desastre natural.
Según Armenteros (2018), el desastre natural es la consecuencia de la vulnerabilidad de una determinada comunidad sumada a una catástrofe natural. Sus factores, consecuencias e impactos se explican en varios informes. El informe "Shock Waves" revela que desde 1980 ha habido una suma de 2 millones de muertes y pérdidas por un valor aproximado de USD 3 billones, todo debido a desastres causados por la naturaleza y particularmente por desastres o cambios climáticos extremos, el mismo que no solo han causado casi el 75% de las pérdidas económicas, sino que para el 2030 amenazan con sumir a un promedio de 100 millones de personas en la pobreza extrema (Banco Mundial, 2020).
Por su parte, el informe “Réplicas” (Aftershocks) como lo hace notar el Banco mundial (2020) refiere que otra causa que impulsa el aumento de desastres es el gigantesco crecimiento poblacional y la rápida urbanización, calculando que dos tercios de la población mundial vivirá en ciudades el 2050 (Organización de las Naciones Unidas, 2020). En la misma línea, el informe “indestructible” (Unbreakable) revela que los fenómenos naturales y desastres han generado de una u otra forma impactos excesivos e imperecederos sobre la pobreza. El Banco Mundial, además enfatiza que en América Latina cuatro de cada diez personas se encuentran en una situación de inseguridad socioeconómica y cualquier fenómeno o desastre natural puede colocarlos en la situación más grave.
Al respecto, Ríos (2017) advierte que los fenómenos o desastres naturales pueden perturbar a todo un país, incluso un continente, en este sentido la extraordinaria y compleja posición geográfica hace del Perú un país altamente rico en su productividad económica, climática y diversa pero resulta que la misma condición como lo señalan (Tavera y Burfon, 1998) la coloca en una compleja situación de vulnerabilidad por estar ubicada en el extremo occidental de Sudamérica, considerada una de las regiones con más alta actividad sismológica. No obstante, el Banco Mundial (2020) revela que Perú junto con varios estados latinos es vulnerable a los fenómenos y desastres que se producen por la naturaleza debido a fenómenos como el Niño Costero. Asimismo, se estima que, de cada 3 peruanos, 2 son vulnerables a entrar en la condición de pobreza o profundizar el escenario actual ante un desastre natural.
Con respecto a la vulnerabilidad, diversos autores la definen como la incapacidad de resistir ante una situación anómala o la incapacidad de recuperarse tras un desastre, que se debe, por un lado, a las condiciones higiénicas y ambientales, así como a la edad, la salud y, por otro, a las condiciones de los edificios, la calidad y su ubicación, entre las que se encuentran las familias de escasos recursos económicos que en su mayoría ocupan zonas de alto riesgo, puesto que no tienen la oportunidad de seleccionar espacios más seguros (La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 2020).
Ante la progresiva incidencia de la vulnerabilidad de los derechos humanos derivada de los desastres naturales, existe un acuerdo mundial para adoptar una perspectiva de derechos humanos para la reacción a la catástrofe, sin embargo, la vulneración que presenta el Perú por su ubicación, por los constantes fenómenos naturales y desastres se suma a la falta del eje básico de minimización de daños. Por ello, es fundamental evaluar y establecer desafíos de protección de los derechos, dado que el cambio climático agrava la situación, de tal forma que lluvias intensas, caídas de huaycos, deslizamientos e inundaciones provocan múltiples daños a la infraestructura, restricción hídrica y desaparición de vidas como la ocurrida en los últimos años en la ciudad de Lima (Armenteros, 2018).
No cabe duda de que la dinámica económica, los canales de comunicación y los medios de subsistencia son moderadamente interrumpidos por un fenómeno o evento natural, que a su vez constituyen situaciones que generan problemas humanitarios, sin embargo, la incapacidad del Estado para hacer frente a los fenómenos naturales, aumenta la magnitud del daño y al mismo tiempo perturba el goce de los Derechos Humanos por parte de las personas afectadas.
Los patrones de indiferencia hacia los derechos económicos, sociales y culturales de las personas se perciben constantemente en el entorno social, sin embargo, es durante el transcurso de un evento de emergencia o desastre que las personas más vulnerables experimentan complicaciones en el ejercicio de los derechos, ya que aumenta la probabilidad que las mujeres y los niños con discapacidad sean víctimas de explotación y en otros casos trabajadores humanitarios, sometiendo a estas poblaciones afectadas a conductas deshonrosas, o concediendo protección solo a cambio de relaciones sexuales (El Proyecto Esfera, 2011).
De acuerdo con los especialistas del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), la relación entre desigualdad, relaciones de género y riesgo es evidente, puesto que generan escenarios de vulnerabilidad, limitan el potencial de las mujeres a la hora de enfrentar los desastres, así como para reducir y controlar el riesgo (MIMP, 2015). De ahí que se fomente la participación y correcta orientación de las instituciones y autoridades estatales en las etapas de respuesta con los mecanismos y principios legales y morales necesarios para el tratamiento de los casos (Comité Permanente Interinstitucional, 2006).
En un sentido amplio se identifican un conjunto de derechos vulnerados relacionados con el agua, la propiedad, la vivienda, la tierra, el alojamiento, la alimentación, la expresión, la opinión que repercuten en un peligro para la democracia y específicamente en un posible atentado contra la vida, la protección de los lazos familiares, la seguridad e integridad física, la salud, educación y trabajo. Por el contrario, la protección de todos estos derechos debe ser reconocida y promovida por instancias previas a la ocurrencia, al convertirse en un desafío humanitario que no solo debe limitarse a asegurar la supervivencia, sino también a velar por todas las garantías proporcionadas por los derechos humanos internacionales (Comité Permanente Interinstitucional, 2006).
Precisamente, la Comisión de Derecho de la ONU también se pronuncia sobre la protección de las personas afectadas y de acuerdo con las políticas de acción señaladas en la conferencia de Hyogo para 2005-2015, establece la prestación de servicios humanitarios como una de sus prioridades y protección especial para grupos vulnerables centrada en los derechos humanos y la protección de la vida. Simultáneamente, La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR). (2020) analiza y fortalece los marcos legales de apoyo humanitario, incitando a la reflexión sobre la necesidad de contar con un marco legal para emergencias, también afirma que la Ley Relativa a los desastres es un camino hacia la defensa de dignidad y todos los derechos internacionales.
P olíticas públicas ante los desastres naturales en el Perú
Las políticas públicas determinan las prioridades estatales con valor legal y moral, las cuales se basan en la Constitución Política del Perú de 1993 en el Artículo 1, Capítulo I, que decreta la protección de la persona humana y el respeto a su dignidad como fin supremo de una república democrática. De la misma manera, el artículo 2 consolida que todos tienen derechos, lo que establece una base para toda la actividad humanitaria relacionada con los desastres naturales.
La regulación de la normativa para prevenir, mitigar y lograr la reducción de riesgos aún se encuentra en proceso, puesto que las autoridades no cuentan con la capacidad y experiencia adecuada para gestionarla de manera efectiva. Ante este escenario, es necesario comprender el conocimiento científico, social, natural e histórico de los eventos naturales para evitar la repetición de desastres. Es importante mencionar que el Ministerio del Ambiente, estableció la creación, organización, así como las funciones que debe desarrollar este órgano de gobierno a través del D.L. Nº 1013, el mismo que tiene apenas ocho años de creación, lo que significa, un leve avance comparado con el progreso de otros países en materias que conciernen a la calidad ambiental y al desarrollo integral del ser humano.
En el 2010 se aprobó la política Nª 32 como parte del Acuerdo Nacional para el manejo de desastres naturales. Precisamente en febrero de 2011, posterior al terremoto de Pisco, se promulgó la Ley 29664, que permitió la creación de un Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres conocido como SINAGERD y que ayudó en la conformación de un grupo de organizaciones, entre las que se destaca el CENEPRED, conocido como el centro nacional de estimación, prevención y reducción del riesgo de desastres, también es INDECI. Igualmente, esta ley establece un Consejo Nacional adscrito a la Presidencia de la República, el Consejo de Ministros, los gobiernos regionales y locales para realizar los trabajos de acuerdo con el ámbito de su competencia político-administrativa.
En consecuencia, las obligaciones estatales se dan a conocer para garantizar y respetar los derechos humanos, a través de la planificación para reducir el daño, ya que muchos de los derechos que se vulneran se deben a las respuestas inadecuadas del Estado y la sociedad ante eventos naturales. Para ello, es necesario que la normativa peruana adhiera al enfoque basado en derechos humanos, necesidades sociales y población vulnerable (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2017).
La responsabilidad de los gobiernos municipales para gestionar y elaborar planes se fundamenta en la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 en el artículo 73, en el que se especifica que la función de los municipios provinciales es la planificación integral del desarrollo y ordenamiento territorial a nivel provincial, también existe la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Nº 27867, que en su artículo 50, establece que las entidades regionales deben promover y ejecutar acciones que ayuden a promover una adecuada distribución territorial de los habitantes, tomando en consideración el potencial de sus regiones en relación a los planes de desarrollo y ordenamiento territorial.
A este reglamento, se suma la Ley General del Ambiente Nº 28611, que en el Art 20 declara que el propósito de la planificación y ordenamiento territorial es racionalizar las intervenciones en el territorio, así como orientar su conservación y uso sostenible. En general, estas leyes conciben el Ordenamiento Territorial como una medida preventiva para proyectar la organización y formas de ocupación del territorio, considerando las características culturales y socioeconómicas, así como el aprovechamiento de oportunidades, la reducción de riesgos y la protección de los recursos en el corto plazo, mediano y largo plazo.
Según los especialistas del Ministerio del Ambiente el ordenamiento territorial es más un proceso político, técnico y administrativo, cuyo propósito es organizar planificar, gestionar el uso y ocupación del territorio en base a las características culturales y socioeconómicas. Por ello, desde la posición de la Dirección General de Ordenamiento Territorial Ambiental (DGOTA) el propósito es establecer políticas, criterios, procedimientos y conducir el proceso en el marco de la normativa vigente, buscando desarrollarlos con total objetividad y visión integral, es decir, promover la gobernabilidad, planificación y la institucionalidad de manera continua con los gobiernos locales y regionales.
En definitiva, existen otros lineamientos normativos que orientan las formas de ordenamiento territorial, entre los que destaca el artículo 11 de la Ley Orgánica Nº 26821 de Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, el artículo 1 de la Ley Nº 27795 de Demarcación y Organización Territorial, Artículo 12 del Reglamento de Zonificación Ecológica Económica (DS Nº 087 2004/PCM) y sus modificatorias, de igual forma se encuentran los lineamientos de política que plantea el ordenamiento territorial con Resolución Ministerial Nº 026-2010-MINAM y otros Instrumentos de carácter Técnico Normativos para el Ordenación Territorial dictado desde diciembre de 2004 a mayo de 2013.
Entre las políticas es importante destacar que, durante la ocurrencia de un desastre, si la autoridad encargada de la prevención falla por omisión de las políticas públicas establecidas por la ley, será el mayor perpetrador de violaciones de derechos humanos. En el caso de que la fuerza de los eventos naturales exceda las medidas de prevención llevadas a cabo por el Estado, no existe violación de derechos. La asistencia humanitaria post-desastre debe estar enfocada en el cuidado de las áreas o zonas devastadas, sin discriminación y adaptable a las necesidades de las poblaciones afectadas, teniendo especial consideración a mujeres, niñas, niños, personas con discapacidad y adultos mayores, donde la ayuda debe ser sustentada desde el inicio de la emergencia hasta la recuperación.
Además, la deforestación, la contaminación ambiental, las invasiones y asentamientos ilegales, la fragilidad de las edificaciones, la ausencia de una cultura de prevención, determina y aumenta el riesgo de desastres. Por tanto, de nada sirve que las autoridades lleven a cabo planes de prevención y mitigación y obras públicas si la población no coopera con el cumplimiento de la normativa. De hecho, no podremos exigir derechos si no ejercemos nuestros deberes y responsabilidades.
Propuestas para abordar los d esafíos de los derech os humanos
La ocupación territorial en el Perú no se ha producido de manera adecuada, en efecto, el aumento de lugares “en alto riesgo de desastres” genera problemas como pobreza, dificultad en el acceso a servicios y equipos (Ministerio del Ambiente, 2016). Estas situaciones tienen consecuencias para los ecosistemas y el goce de los derechos fundamentales de cada persona jurídica, por lo que es fundamental establecer políticas con un enfoque de garantía de los Derechos Humanos, en consecuencia, existen desafíos comunes para abordar los desastres naturales, lograr el desarrollo y la paz sostenible.
Uno de los desafíos que se tiene para la reducción de los desastres es crear una cultura resiliente y mitigar los peligros sociales, financieros, físicos y naturales de la vulnerabilidad a los desastres que enfrenta la mayoría (Estrategia Internacional para Reducir los Desastres, 2005). En efecto, una adecuada gestión del Planeamiento Urbano y Ordenamiento Territorial sustituye la mayor estrategia de enfrentamiento a los daños de los eventos naturales, ya que la mínima inversión inicial en estrategias de mitigación evita costosas adaptaciones posteriores (Mishra et al., 2020).
Los desastres naturales son eventos asegurables que se pueden predecir de acuerdo a antecedentes históricos y conocer la probabilidad con la que ocurre, para ello es necesario cuestionar lo sucedido en un fenómeno natural previo, ejecutar estudios socioeconómicos y ambientales para prevenir la repetición de desastres y establecer las propuestas adecuadas para afrontarlas.
No obstante, estas propuestas deben incluir estudios de estimación a los diferentes factores de vulneración de los Derechos de las personas en situación de desastre, a fin de erradicar firmemente la pobreza, la discriminación, los estereotipos, la cultura machista y otros problemas sociales, pues engloban ideales transversales que limitan el desarrollo de personas vulnerables en referencia a los derechos y su condición en situación de desastres. Asimismo, se requiere voluntad política y social para ejecutar eficazmente las políticas públicas, se evidencia teóricamente que el Perú posee las mejores leyes para garantizar el bien común, sin embargo, en la realidad no se observa el respeto y la práctica de las mismas. Para ello, los gobiernos y civiles deben adquirir conciencia moral y ambiental para sensibilizarse con el medio natural, y comprender que el deterioro de la biodiversidad significa un ciclo que va desde el hombre hasta él mismo, pues al alterar el comportamiento de la naturaleza, se intensifica la exposición a peligros.
Por ello, la implementación de medidas debe promover la participación equilibrada de género y la inclusión social en proyectos para casos de El Niño Costero y terremotos, tales como:
- Reforestación específica en zonas de alto relieve y riberas, ya que los recursos forestales son capaces de almacenar agua de lluvia y evitar el desborde de los niveles de agua. También la ubicación de cortafuegos en bosques naturales y antrópicos, para evitar posibles incendios forestales.
- Las defensas en las riberas de los ríos como la construcción de gaviones y muros de concreto, represas, reservas, canales de riego que desembocan en pozos antrópicos, son necesarios para controlar y almacenar cantidades de agua en épocas de lluvia, que luego pueden ser utilizadas en tiempos de sequía.
- La pavimentación de carreteras con cunetas y rejillas para transportar el curso de agua de las lluvias y desbordes de ríos, con el fin de evitar inundaciones.
- La reubicación concertada de habitantes que se encuentran en invasiones y en áreas no acondicionadas para uso urbano.
- El adecuado manejo y difusión de información válida declarada por el SENAMHI y el IGP para alertar a la población en la preparación con sistemas de alerta temprana.
- Educación y capacitación para brindar una respuesta rápida a la evacuación y enfrentar emergencias, la recuperación efectiva de impactos económicos y sociales, así como garantizar los Derechos Humanos.
Conclusiones
La vulnerabilidad de los Derechos Humanos ante la situación de desastre es la supresión total de las desigualdades económicas, sociales y de género que ya existen en la sociedad antes del evento natural, así mismo, la mitigación de la profundización de estos problemas luego del evento natural.
La interdependencia entre democracia y derechos humanos es cooperativa con el mismo objetivo de lograr una paz sostenible en situaciones posteriores a desastres. En otras palabras, la democracia proporciona una base conceptual en la defensa de los Derechos de la humanidad y requiere de estos últimos para proteger el estado de derecho.
La vulneración de los derechos humanos en desastres naturales en el Perú se debe a la omisión de políticas públicas, asistencia humanitaria desigual, discriminación y exclusión de grupos vulnerables. Así como la falta de respeto a las leyes y al medio ambiente.
El impacto de los desastres naturales en los derechos humanos no reemplaza al evento natural, sino que es producto de la inadecuada responsabilidad y capacidad del hombre enfocado en regulaciones, costumbres y hábitos con la naturaleza para enfrentar esta situación de desastre.
La normativa como eslabón para la protección de la sociedad vulnerable orienta el desarrollo de conductas, criterios y comportamientos que serán de gran aporte a la creación de un estilo de vida democrático, armónico y en equilibrio con la sociedad peruana.
La gestión de las políticas gubernamentales en desastres es necesaria para analizar tanto las realidades ambientales como las acciones adecuadas de prevención y mitigación con el fin de desarrollar una ciudadanía democrática con el medio ambiente y el desarrollo social.
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